Cada semana, entre abril y junio de este año, los asalariados españoles trabajaron 3.092.000 horas extraordinarias que nadie les pagó.
No es una estimación de parte. Es el dato que publicó el Instituto Nacional de Estadística el 28 de julio, con la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre. Es la cifra más alta desde 2022 y sube un 9,6 % respecto al mismo trimestre del año pasado.
Pero el número que de verdad importa no es ese. Es este otro: las horas extraordinarias que sí se pagan han caído un 2,3 %.
Léalo despacio. El total de horas extraordinarias crece. Las retribuidas bajan. Todo el aumento del trabajo prestado por encima de la jornada ordinaria —y algo más— se ha ido a horas que no llegan a la nómina. Hoy el 43 % de las horas extraordinarias que se hacen en España no se cobran
Lo que eso significa en empleo y en dinero
Tres millones de horas a la semana equivalen, a jornada completa, a 77.300 puestos de trabajo. Esa es la dimensión del tiempo que se está prestando gratis cada semana en este país.
Y tiene una factura pública. Desde el 1 de enero de 2026 se han acumulado 85,2 millones de horas no retribuidas. Nuestras estimaciones sitúan el coste en:
- 620 millones de euros en cotizaciones que no ha ingresado la Seguridad Social.
- Entre 250 y 500 millones en retenciones de IRPF que no ha percibido la Hacienda pública.
- 1.668 millones de euros de salario que los trabajadores simplemente no han cobrado.
Entre 870 y 1.120 millones de euros de agujero en las arcas públicas. En siete meses. Menciono esa fecha, el 1 de enero, por una razón. Es el entorno en el que estaba previsto que entrara en vigor el registro de jornada digital. El Consejo de Ministros aprobó la tramitación urgente de la norma el 30 de septiembre de 2025 y todo apuntaba a su publicación en el BOE entre enero y febrero. Hoy, a finales de julio, sigue sin publicarse.
Siete años de registro obligatorio
La obligación general de registrar la jornada entró en vigor el 12 de mayo de 2019. Siete años después, el indicador que aquella norma pretendía corregir está un 6,2 % por encima de donde estaba entonces.
Conviene ser justos: el peso relativo de las horas no pagadas sí ha mejorado, y bastante, en la última década. Pero el volumen no se mueve. Y este año vuelve a subir.
También conviene descartar una explicación fácil. Alguien podría pensar que esto se arregla con otras palancas del mercado laboral. No es así, y tenemos la prueba.
La reforma laboral de 2021 fue un cambio profundo del régimen de contratación. Comparando el cuatrienio de su vigencia plena con el trienio anterior, las horas extraordinarias pagadas crecieron un 18 %. Las no pagadas se movieron un 0,6 %. Prácticamente nada.
La mejora del porcentaje fue, sobre todo, un efecto denominador: subieron las horas declaradas, no bajó la bolsa de fraude. La modalidad contractual y el control del tiempo de trabajo son dos palancas distintas. La primera se accionó. La segunda sigue sin instrumento eficaz.
El problema no es el tamaño de la empresa. Es el registro.
Aquí está, a mi juicio, la clave del asunto.
En las empresas de mayor dimensión el registro de jornada se apoya de forma generalizada en sistemas informáticos integrados, con trazabilidad y sellado temporal. En las microempresas y en buena parte de las pequeñas empresas sigue llevándose en papel o en una hoja de cálculo.
Y ahí está el fondo del problema: una hoja de papel se rehace y un archivo de Excel se sobrescribe sin dejar rastro. Un registro que puede alterarse no acredita la jornada realizada. Documenta la jornada que la empresa declara. Que no es lo mismo. Con esa corrección, nuestras estimaciones sitúan en torno al 73 % de las horas no retribuidas en el segmento de pequeña y mediana empresa, y cerca del 30 % en microempresas de menos de diez trabajadores.
Los datos ofrecen una comprobación indirecta que me parece muy elocuente. Si el incumplimiento se concentrase en grandes organizaciones con sistemas estables, el volumen sería más o menos uniforme a lo largo del año. Lo que se observa es un patrón estacional muy marcado: el segundo trimestre es el máximo anual de horas no pagadas en siete de los diez últimos años, con un exceso medio del 8,8 % sobre la media anual, mientras el tercero cae un 12,2 %.
El pico coincide, año tras año, con el arranque de la campaña de verano en hostelería, comercio y ocio. Actividades atomizadas en micro y pequeña empresa, con plantillas de temporada y alta rotación. El sistema falla precisamente allí, y precisamente cuando más se le necesita.
Este año, además, el repunte del segundo trimestre sobre el primero ha sido del 23,3 %. Más de cuatro veces el patrón habitual.
Un matiz que no es menor
Este dato no señala a la pequeña empresa como defraudadora. Señala dónde está fallando el instrumento.
Es en ese segmento donde un registro digital sencillo y de bajo coste produciría el mayor retorno. Y es también donde hoy más se penaliza a la empresa cumplidora, que compite en desventaja frente a quien no retribuye la prolongación de jornada. El empresario que paga las horas extra soporta un coste que su competidor se ahorra. Eso no es flexibilidad: es competencia desleal.
Lo que reclamamos
Desde el Consejo Español para el Registro de Jornada pedimos cinco cosas concretas:
- Que se apruebe y publique el real decreto sin más demora. Cada trimestre de retraso tiene un coste cuantificable.
- Que el sistema sea de verdad digital: automatizado, interoperable, inmutable y accesible en remoto a la Inspección de Trabajo. Con exclusión del papel y de la hoja de cálculo, que no acreditan nada.
- Que registre por separado interrupciones, trabajo a distancia, horas extraordinarias y horas complementarias. Sin eso, el control es nominal.
- Que haya un acompañamiento específico para microempresas y pymes, con soluciones certificadas, sencillas y baratas. No puede ser que el segmento donde el instrumento falla sea también el que soporte la mayor carga de implantación.
- Que el INE publique las horas extraordinarias por tamaño de empresa. Hoy no existe ese dato oficial. Y sin medición no hay política pública evaluable.
Una última reflexión
El debate público sobre el registro de jornada se ha planteado como carga burocrática frente a control. Creo que está mal planteado.
La cuestión es de fiabilidad probatoria. Un registro digital bien diseñado reduce la carga administrativa real de la empresa que cumple, la protege frente a reclamaciones infundadas y hace verificable el cumplimiento. Beneficia a la empresa honesta antes que a nadie.
Mientras tanto, seguimos midiendo este problema con una encuesta, porque no tenemos otra cosa. Y una encuesta siempre se queda corta: las cifras que he dado son un suelo, no un techo.
La necesidad de un registro digital no es solo un instrumento de control. Es la condición para conocer el problema.
