Durante los últimos años, el Consejo Español para el Registro de Jornada (CERJ) ha trabajado intensamente en el análisis y divulgación del registro de jornada, en diálogo constante con empresas, expertos, autoridades del Ministerio de Trabajo y distintos grupos parlamentarios.
Esa experiencia permite afirmar algo con claridad: el modelo actual no está funcionando como debería. No porque la idea sea incorrecta, sino porque su desarrollo normativo ha sido insuficiente.
El problema no es la obligación… es cómo se cumple
Desde 2019 existe obligación de registrar la jornada. Sin embargo, en la práctica la situación está muy lejos de ser satisfactoria:
- Conviven sistemas rigurosos con otros fácilmente manipulables.
- El papel sigue utilizándose en muchos entornos laborales.
- Falta trazabilidad real de los datos.
- El registro muchas veces no sirve ni como prueba ni como herramienta de gestión.
El resultado es una triple quiebra: inseguridad jurídica para las empresas cumplidoras, dificultad de control real por parte de la Inspección de Trabajo, y pérdida de protección efectiva para las personas trabajadoras.
Lo que ya sabemos y no deberíamos seguir discutiendo
Hay cuestiones que ya no son opinables. El Tribunal de Justicia de la UE lo dejó claro: el registro debe ser objetivo, fiable y accesible. Y la experiencia empresarial añade algo más: si no es digital, no funciona de verdad.
Un registro eficaz debe ser:
- Digital por defecto.
- Trazable: debe permitir saber quién hizo qué y cuándo.
- Seguro frente a manipulaciones y alteraciones retroactivas.
- Utilizable como herramienta de gestión, no solo como mecanismo de cumplimiento formal.
No se trata de fichar más. Se trata de saber realmente cómo se trabaja.
Competencia desleal: el coste oculto del incumplimiento
Existe una dimensión del problema que se menciona poco y que merece un análisis económico riguroso: la falsificación o manipulación del registro de jornada no es sólo una infracción laboral. Es un mecanismo de competencia desleal.
Las empresas que falsean su registro de jornada —ya sea mediante sistemas de fichaje manipulables, registros en papel alterados o simplemente la ausencia de control real— operan con una ventaja artificial sobre las que cumplen con la ley. Sus costes laborales son artificialmente inferiores: no pagan las horas extraordinarias realmente realizadas, no compensan los excesos de jornada, y se benefician de una masa de trabajo no reconocida que les permite ofertar precios más bajos, ganar contratos y consolidar cuota de mercado.
Esto genera un efecto perverso: el cumplimiento normativo penaliza a quienes lo ejercen. Las empresas serias, las que invierten en sistemas fiables y gestionan correctamente la jornada de sus trabajadores, compiten en inferioridad de condiciones frente a quienes hacen del fraude un modelo de negocio silencioso. En mercados donde el margen es estrecho —construcción, logística, hostelería, seguridad privada, servicios—, esa diferencia de costes puede ser determinante.
Regular el registro de jornada de forma exigente, digital y trazable no es una carga burocrática adicional. Es el requisito mínimo para garantizar que todas las empresas jueguen con las mismas reglas.
El fraude a la sociedad: horas trabajadas y no cotizadas
Más allá del perjuicio individual a cada trabajador, el fraude en el registro de jornada genera un daño estructural al conjunto de la sociedad que raramente se cuantifica.
Cada hora trabajada y no declarada es una hora no cotizada. Esto significa que el trabajador no genera derechos de Seguridad Social proporcionales al esfuerzo real que está aportando: su futura pensión se calcula sobre una base inferior a la real, su cobertura por desempleo puede quedar mermada, y su capacidad de acreditar su trayectoria laboral resulta artificialmente reducida. El sistema público de protección social recibe menos ingresos de los que corresponden al trabajo efectivamente prestado.
Se trata, en definitiva, de una transferencia encubierta de riqueza: desde los trabajadores y desde la caja común de todos los ciudadanos hacia las empresas que incumplen. Un fraude que no produce titulares, pero que erosiona día a día los cimientos del Estado del bienestar.
La persona trabajadora es la pieza más vulnerable de esta maquinaria. Carece de poder de negociación individual suficiente para exigir el registro correcto de su jornada, especialmente en sectores con alta precariedad o escasa sindicación. El derecho al registro no puede depender de la capacidad del trabajador para reclamarlo; debe estar garantizado por un sistema que funcione de forma automática, fiable y verificable.
El dictamen del Consejo de Estado cambia el escenario
El reciente dictamen del Consejo de Estado introduce un elemento clave en el debate: no basta con un reglamento. Los elementos esenciales del registro de jornada requieren rango legal. Esto no es un obstáculo técnico; es una oportunidad para dotar al sistema de la solidez normativa que siempre le ha faltado.
Dos años de debate y seguimos sin solución
Llevamos más de dos años en un proceso regulador complejo y aún inacabado. La incertidumbre ya es un problema en sí misma: las empresas no saben qué nivel de exigencia técnica deben cumplir, los proveedores de soluciones no pueden adaptar sus productos con certeza, y la Inspección de Trabajo actúa en un marco ambiguo.
La conclusión es clara: hay que actuar ya
La vía más razonable es avanzar mediante un Real Decreto-ley que permita dar rango legal a lo esencial, responda a una situación de urgencia acreditada y cierre un proceso que se ha prolongado demasiado.
Esto no va de ideología. Es una cuestión técnica, organizativa y de seguridad jurídica. Y también va de equidad en la competencia: no todas las soluciones del mercado son iguales, y no todos los comportamientos empresariales merecen el mismo tratamiento.
Conclusión
La falta de una regulación eficaz está generando inseguridad jurídica, distorsiones graves en la competencia empresarial, fraude a la Seguridad Social y perjuicios reales e irreparables para las personas trabajadoras.
Avanzar hacia un registro de jornada digital, fiable, trazable y con rango legal adecuado no es una opción. Es una necesidad urgente, una exigencia de justicia y una condición indispensable para que el mercado funcione de forma leal.
CONSEJO ESPAÑOL PARA EL REGISTRO DE JORNADA
Madrid, abril de 2026
